Bebiendo de diferentes fuentes, he armado una serie de artículos apoyados- por deformación profesional- en la estadística al objeto de compartir y contrastar una serie de reflexiones de lo que yo califico como “falsos bulos, electoralismo turístico y algunas verdades rotundas”.
Ferrera señala la gran oportunidad que se presenta este año para reconducir errores de gestión turística y pide valentía y una apuesta por “el sano juego de la libre competencia”
El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (CATPE) presenta el próximo lunes, 29 de febrero, su segundo informe sobre la competitividad turística de Canarias en un año, como 2016, “clave” por el volumen y la trascendencia de las decisiones que se deben tomar en torno a este sector.
A estas alturas de la película ya nadie duda de que las moratorias han sido muy perjudiciales para Canarias. Y no ya sólo porque han tenido efectos contrarios a los pretendidos, tanto en el caso de la primera moratoria del 2003 (avalancha de construcción de nuevas camas, mayor incremento poblacional de Canarias, etc.), o de la segunda moratoria del 2009 (congelación de toda posibilidad de creación de nuevo empleo, etc.), como de la actual tercera moratoria del 2013 (mantenimiento de la prohibición de la adaptación de la oferta a lo que el mercado demanda, etc.). Pues, por si fueran pocas las facturas que ya nos ha pasado la moratoria a la economía y la sociedad canaria en forma de pérdida de competitividad turística y desempleo, de un volumen incalculable de miles de millones de euros, ahora la moratoria le pasa al Ejecutivo canario una factura de indemnizaciones que se estiman en más de 650M euros, la cual (al no haber responsabilidad subsidiaria del legislador) tendremos que pagar todos los ciudadanos. Ello deriva de otro bloque de juicios perdidos contra las moratorias, y ya van tres.
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Después de la paralización del decreto de alquiler vacacional y la movilización ciudadana en contra de la amenaza de “expropiación” del reciente Reglamento que prohíbe residir en suelo turístico (ambos decretos aprobados por un Gobierno en funciones), ahora Canarias se enfrenta a otro intento de regular el alquiler vacacional. El nuevo decreto regulador que nazca de esta revisión debe sentar las bases claras y equitativas para la convivencia entre la explotación turística y el alquiler vacacional en suelo turístico, de manera que ambos puedan competir en igualdad de condiciones sin distorsionar el sector.
