A estas alturas de la película ya nadie duda de que las moratorias han sido muy perjudiciales para Canarias. Y no ya sólo porque han tenido efectos contrarios a los pretendidos, tanto en el caso de la primera moratoria del 2003 (avalancha de construcción de nuevas camas, mayor incremento poblacional de Canarias, etc.), o de la segunda moratoria del 2009 (congelación de toda posibilidad de creación de nuevo empleo, etc.), como de la actual tercera moratoria del 2013 (mantenimiento de la prohibición de la adaptación de la oferta a lo que el mercado demanda, etc.). Pues, por si fueran pocas las facturas que ya nos ha pasado la moratoria a la economía y la sociedad canaria en forma de pérdida de competitividad turística y desempleo, de un volumen incalculable de miles de millones de euros, ahora la moratoria le pasa al Ejecutivo canario una factura de indemnizaciones que se estiman en más de 650M euros, la cual (al no haber responsabilidad subsidiaria del legislador) tendremos que pagar todos los ciudadanos. Ello deriva de otro bloque de juicios perdidos contra las moratorias, y ya van tres.
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