El Día

La Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del Turismo de Canarias «crea nuevos obstáculos» para la tramitación del planeamiento, al modificar, «en un exceso de prudencia», el régimen de competencia en el planeamiento de desarrollo, no permitiendo alteraciones del modelo en las modificaciones y revisiones de los planes generales, a pesar de que éstos habrán de ser aprobados definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

Esta es una de las conclusiones del informe realizado por el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe), una entidad que nace con la vocación de debatir, analizar y proponer ideas que ayuden a encontrar soluciones a los problemas de interés general para Canarias, tratando de dinamizar su puesta en práctica.

Catpe reconoce que la promulgación de esta norma constituye una «clara evidencia» de que el Gobierno de Canarias «tiene conciencia» de la necesidad de abordar la problemática pero, al tratarse de una ley rápida, el propio texto recoge que «se trata de modificaciones puntuales y novaciones más urgentes, dejando para una regulación más detenida de lege ferenda (posterior) la reforma más exhaustiva».

En este sentido, el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico aclara que la nueva norma, que introduce una nueva variante del Proyecto de Actuación Territorial (PAT), convierte la calificación territorial en autorización administrativa y «no acaba» de resolver las implantaciones de energías renovables en suelos agropecuarios. «Todo ello no contribuye a la agilización de actuaciones en dicha categoría de suelo», sentencia.

Tema sin resolver

Además, y en relación con la rehabilitación turística, el informe del grupo que dirige Ángel Ferrera remarca que «no es un tema resuelto», y recuerda que recientemente ha habido que implementar nuevos aplazamientos debido a la poca acogida que ha tenido el marco de la misma Ley y sus consiguientes plazos.

Se refiere el documento a la ampliación del plazo que aprobó el Ejecutivo regional hace unos días -previo permiso del Parlamento de Canarias- para solicitar autorizaciones para la construcción de hoteles de gran lujo y la renovación de la planta alojativa obsoleta, dos aspectos que permite la Ley de Medidas Urgentes y cuyo plazo había expirado.

En este sentido, Catpe propone modificar el artículo 9 de la citada norma al objeto de devolver a los Ayuntamientos las competencias para la aprobación de su planeamiento de desarrollo (Planes Parciales y Planes Especiales), de acuerdo con el procedimiento previsto en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenamiento del Territorio y de Espacio de Canarias, siempre que éste se adapte al Plan General vigente y no contradiga el contenido de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias.

Además, justifican este cambio en la necesidad de «suprimir» la limitación de que las revisiones o modificaciones de los Planes Generales no afecten al modelo territorial para poder ser tramitadas, siempre que se justifique su adaptación al contenido del Texto Refundido de las Leyes de Ordenamiento del Territorio y de Espacio de Canarias y de la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias.

Advierte Catpe de que la Ley de Medidas Urgentes no deroga expresamente «ni total ni parcialmente» el Decreto 55/2006, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Planeamiento de Canarias, y considerando que el apartado c) del artículo 2 de dicho Reglamento otorga un plazo máximo de trámite a los planes de desarrollo urbanístico de seis meses, so pena de incurrir en caducidad, la confusión que se genera con la medida adoptada va a ser, «ineludiblemente», objeto de materia jurisdiccional, en tanto no se regularice claramente cómo se puede conciliar la Ley con el Reglamento. Es evidente que, sin perjuicio de la inicial prelación de la una sobre el otro, «la aplicación del artículo 9 citado tiene un alto grado de conflictividad».

BUROCRACIA

Cotmac contradictoria

El informe elaborado por el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico insiste en los problemas burocráticos y políticos que afectan al planeamiento en Canarias y, por tanto, a alguno de los proyectos empresariales y económicos «esenciales» para el Archipiélago. Remarcan que existe una importante descoordinación institucional y un exceso de normativa. El documento explica que existe «ambigüedad en la aplicación de la normativa». En este sentido, critican el órgano de control de la planificación del Gobierno de Canarias: la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), pues, a su juicio, «aunque es una comisión única para todas las islas, se da el caso de que el ámbito de actuación de las ponencias técnicas previas a ella son territoriales, una por cada provincia». Por ello, «los técnicos y jurídicos informantes en dichas ponencias técnicas pertenecen a cada uno de dichos ámbitos y mantienen sus propios criterios interpretativos (en aquellos aspectos susceptibles de ello)». Ante esta situación, Catpe concluye que «la consecuencia es que informes recaídos sobre planes en El Hierro o La Gomera pueden tener diferentes matices o interpretaciones distintas a los de Lanzarote o Fuerteventura, siendo esos informes asumidos posteriormente por la Cotmac».

Propuestas a corto plazo

Al margen de la modificación que el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe) propone de la Ley de Medidas Urgentes, en aras de «paliar», en el menor plazo posible, la «inacción» o el «retraso» que sufren legítimas actuaciones del sector privado, sugiere que en un plazo no superior a los seis meses se apruebe por el Gobierno de Canarias el Reglamento de Planeamiento correspondiente al desarrollo del Texto Refundido de las Leyes de Ordenamiento del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias (Trlotenca), con especial atención a la regulación pormenorizada del contenido de cada tipo de plan, y clarificación y regulación de los términos de difícil interpretación, como el de «modificación sustancial del modelo» y similares, en cada ámbito del planeamiento. Además, Catpe pide que se aclare, en la vía que proceda, la simultaneidad del trámite, especialmente en lo referido a las informaciones públicas e informes de las Administraciones competentes, según el artículo 11 del Trlotenca, entre la documentación medioambiental, memoria ambiental y el documento del Plan, así como acreditar la seguridad jurídica de los trámites en orden a los pronunciamientos jurisdiccionales habidos y la interpretación que el Gobierno de Canarias haga de ellos, a fin de garantizar la seguridad jurídica de las aprobaciones definitivas del planeamiento. También pide que se promulguen las medidas oportunas para dejar sin efecto la caducidad de los instrumentos de planeamiento actualmente sujetos a las respectivas adaptaciones al Trlotenca, a las directrices de ordenación generales y del turismo y a los planes insulares, así como que se busquen fórmulas para facilitar la gestión y acelerar los procedimientos en los trámites de los planes territoriales y urbanísticos.

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