El Día

El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe) considera «imprescindible» el retorno al espíritu que permitió la unanimidad parlamentaria para la aprobación de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio, para lo cual es preciso un serio ejercicio de «reflexión» y «consenso» a fin de unificar y racionalizar el actual marco legislativo, en este caso, referido al territorio y a los recursos naturales.

Así lo indica Catpe en el informe sobre el Planeamiento y la Gestión Racional del Territorio en Canarias, un documento en el que el grupo liderado por Ángel Ferrera plantea que en un plazo «no superior a dos años» se lleve a cabo una refundición del Texto Refundido de las Leyes de Ordenamiento del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias (Trlotenca), en la que se incluya, además de la obligada refundición con la legislación sobrevenida de orden superior, «el ajuste fino de la terminología, de las determinaciones y de la sistemática de aplicación», aprovechando la experiencia habida en sus once años de permanencia.

Precisa Catpe que el proceso de dicha refundición habría de incluir la derogación de la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, «asumiendo» en el nuevo Texto Refundido aquellas determinaciones que se estimaran precisas y devolviendo su papel de instrumentos de planeamiento a las Directrices de Ordenación, tal como se estipulaba en su momento en el decreto 1/2000 por el que se aprobó el Trlolenca.

Percepción de la sociedad

El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico considera que la «percepción» que hoy se tiene desde la sociedad civil e, incluso, desde una parte significativa de la propia Administración del marco actual de la ordenación territorial y medioambiental es la de un conjunto de normas legales «heterogéneas» -en parte, debido a sus distintas procedencias- cuya problemática es preciso analizar e intentar paliar o, en su caso, resolver, en el más breve tiempo posible, porque el territorio y, por consiguiente, los recursos naturales y antrópicos que el mismo comprende son la «base» de gran parte de la actividad socioeconómica. Una actividad seriamente comprometida por la profusión legislativa y la consiguiente aplicación de la misma que hoy sufre la Comunidad autónoma. Asegura Catpe que el «grado de acabado» del planeamiento territorial y urbanístico de Canarias en la actualidad dista mucho de satisfacer las necesidades de la sociedad y de las propias administraciones.

Inseguridad jurídica

«Esta circunstancia afecta gravemente al desarrollo socioeconómico de la Comunidad autónoma, en un momento en el que en ella se están registrando las mayores tasas de paro de España y en el que la economía está sufriendo los peores avatares de la historia reciente de Canarias», incide el grupo que lidera Ferrera, que añade también que la «inseguridad jurídica» provocada por este estado de cosas está retrayendo «severamente» la inversión, propia y foránea, creando en los mercados la imagen de que Canarias es una plaza conflictiva para dicha inversión.

Los motivos que ha llevado a esta situación son de determinada índole, precisa Catpe, que, no obstante, precisa que dentro de ese conjunto de causas existe una básica y fundamental: «La quiebra del sistema legislativo que, a lo largo de la última década, se ha venido implantando en Canarias. Concretamente, las sucesivas leyes promulgadas, bien por los Gobiernos que se han sucedido a nivel autonómico, bien por el Gobierno central, o como consecuencia de la aplicación de las Directivas europeas».

MEDIO AMBIENTE

Panorama diferente

Considera el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe) que la situación actual de la ordenación medioambiental, entendiendo por tal la planificación de los espacios naturales de Canarias, presenta un panorama «diferente» al del resto del planeamiento. Explica Catpe que al haber sido objeto de una inyección económica y de gestión en la última década por parte del Gobierno de Canarias, un elevado porcentaje de los espacios naturales cuentan con sus respectivos planeamientos, lo que contrasta con la precariedad de los resultados obtenidos en el ámbito de los planes generales. «Una parte de ese hecho diferencial viene dado por el tipo de trámite que sufren dichos planes: en ellos, es el propio Gobierno quien formula, tramita y aprueba, con las lógicas informaciones públicas y consultas a otras administraciones, con lo cual se disminuye muy sensiblemente el grado de complejidad que viene aquí refiriéndose para el planeamiento territorial y urbanístico», apunta Catpe, que matiza, no obstante, que este planeamiento también es sujeto de adaptación, de nuevo, a la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General, proceso por el que se ha de volver a financiar y tramitar tanto los aprobados, como los que están aún pendientes.

ADMINISTRACIÓN

Deficiente coordinación

El informe de Catpe pone de manifiesto también que otro de los problemas que se detecta en el marco del planeamiento, tanto en la fase de redacción como en su trámite, es un cierto grado de autismo entre las Administraciones. Así, mientras los cabildos insulares proceden a formalizar su planeamiento territorial parcial o especial, los ayuntamientos redactan o tramitan su planeamiento general, sin que exista contacto alguno entre ellos a excepción de las preceptivas informaciones públicas. «Parece lógico que debiera existir una mayor cooperación al nivel de comisiones periódicas o puntuales que coordinaran sistemáticamente los esfuerzos respectivos, de manera que se crearan sinergias para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible», sugiere el grupo que lidera Ángel Ferrera, que incide en que «hoy por hoy, excluyendo los períodos mencionados de las informaciones públicas de documentos ya redactados y en trámite, los únicos acercamientos quedan al albur del mayor o menor grado de voluntarismo de los redactores o las Corporaciones locales, que vienen obligadas a estar al día respecto de los planes de orden superior, estén aprobados o no, lo cual se hace materialmente imposible».

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