La Provincia

La simplificación de la maraña legislativa en la ordenación del territorio de las Islas pasa por derogar la Ley de Directrices de 2003 -la moratoria turística- y reducir la legislación a una única norma que resuelva la complejidad a la que ha estado sometido el planeamiento de los municipios en la última década. El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe) propone que en un plazo no superior a dos años haya una refundación de la normativa sobre el suelo, que aproveche la experiencia de los últimos once años para no volver a caer en los mismos errores que han desembocado en el caos actual.

El informe realizado por la entidad sobre el planeamiento y la gestión del suelo en Canarias concluye que el origen del atasco territorial se desencadena en el bienio 2001-2003, cuando la Comunidad Autónoma aprueba los decretos que dieron lugar a la moratoria turística y posteriormente a la ley de Directrices, que paralizó todos los planes generales y parciales que se estaban redactando en ese momento. «Continuar con esta dinámica no es deseable de ninguna manera», advierten desde el Catpe, por lo que se propone una transformación del marco legal, reunificando la legislación para acabar con la «bicefalia» actual.

Esta reestructuración normativa implica la necesidad de un pacto político e institucional en Canarias «para pacificar esta controvertida materia», recoge el informe. Para los miembros del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico hay que pactar las competencias territoriales de cada Administración (Gobierno, cabildos y ayuntamientos), crear un marco jurídico centralizado y cohesionado con la realidad socioeconómica y dar mayor celeridad a la elaboración del planeamiento.

Compromiso electoral

Aprovechando la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, el centro de pensamiento pide, aunque sea de forma simbólica, un acuerdo o compromiso entre los líderes y candidatos de las distintas opciones políticas con el fin de ir en esta dirección y sacar a Canarias del parón inversor y de actividad.

Desde la sociedad civil también se demanda que se despolitice la ordenación de los usos del suelo y sus recursos. Lo habitual es que en el primer año de cada legislatura se pierda en la toma de conocimiento de la nueva Corporación, mientras que en el último año antes de las elecciones aparecen compromisos electorales que hacen difícil tomar decisiones «controvertidas». Por tanto, «el tiempo útil para la adecuación de los planes generales suele ser el periodo de los dos años intermedios», periodo a todas luces insuficiente para realizar un desarrollo coherente de la planificación territorial sin que esté sometida continuamente a las coyunturas políticas de cada momento.

También se requiere un trabajo más eficaz por parte de los funcionarios. Para el Catpe, «debido a la profusión normativa y sistemática judicialización del planeamiento, los funcionarios frecuentemente adoptan una actitud aprensiva con interpretaciones restrictivas del planeamiento en trámite, lo que redunda en el retraso del mencionado trámite, cuando no imposibilita una resolución favorable al mismo».

Los promotores de este centro de pensamiento proponen también una serie de medidas jurídicas y técnicas a corto y medio plazo que puedan dar salida a la gran mayoría de los planes que se encuentran aún en tramitación desde hace más de diez años. Entre las propuestas figura modificar el artículo 9 de la Ley de Medidas Urgentes, una norma aprobada hace solo dos años pero que ha resuelto la problemática.

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