La Opinión de Tenerife 

El anteproyecto de Ley de Armonización del suelo ni acorta suficientemente los plazos para la tramitación de los planes generales, que se limitan a cuatro años, ni solventa el actual solapamiento de los diferentes niveles de la Administración ni el «exceso de tutela administrativa». El informe del Centro Atlántico de Pensamiento (Catpe) echa por tierra la intención del Gobierno de Canarias de que la nueva norma sirva de acicate para agilizar las inversiones.
El think tank que preside Ángel Ferrera realiza en su II Informe sobre el Planeamiento y la Gestión Racional del Territorio en Canarias diversas aportaciones al Anteproyecto de Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. A la vista de sus valoraciones, el grupo de ideas no está muy de acuerdo en que la nueva norma en ciernes vaya a contribuir con su redacción actual a simplificar el proceso actual para aprobar los planes de ordenación.
Para empezar, considera excesivos los plazos previstos para abordar los diferentes trámites. Lanzan al debate la posibilidad de acortarlos, «sin poner en cuestión el principio de publicidad y participación». Consideran que precisamente los problemas que plantea el marco normativo parten de una escasa agilidad. 
La mayor velocidad de la tramitación tendería a cubrir una de las premisas que Catpe considera clave, como es la aprobación del planeamiento en el transcurso de un mandato municipal. Solo de ese modo se garantizaría que los planes vieran la luz. Un cambio de Corporación traería una consiguiente ralentización, cuando no una vuelta atrás.
Los miembros de Catpe echan en falta la definición del documento de partida mediante el que los integrantes de la corporación municipal fijen las líneas a seguir por el equipo redactor del plan.
El anteproyecto de la ley del suelo señala que en el caso de los municipios que tengan que recurrir a equipos externos para redactar sus planes generales, como ocurre en la mayoría de los casos, estos tendrán que tener una oficina en el municipio del que están desarrollando el planeamiento. A Catpe no le parece necesaria esa medida, sobre todo teniendo en cuenta que puede suponer «una minoración de la eficacia de los recursos». Por ejemplo, el encarecimiento de los honorarios del equipo redactor al repercutir el coste del alquiler de un inmueble que haga las veces de estudio. «Con las posibilidades actuales de las comunicaciones, no parece necesario introducir esa norma como condición legal», estima el Centro Atlántico de Pensamiento.
El think tank se hace también eco de la «importante» novedad que supone que sea el propio equipo redactor el que se haga cargo «de la publicación y gestión de la información pública, y de la solicitud de informes a las administraciones». En la actual normativa esas funciones están reservadas a los ayuntamientos.
En cuanto a la emisión de los informes de legalidad, estima que deberá articularse en el texto definitivo de la Ley de Armonización. La actual legislación de Administración Local deja esa función en manos del secretario municipal y grupo de estudio «aprecia una indeterminación» sobre si dicho funcionario «puede o no manifestar su disconformidad con el informe» que emita el equipo redactor del planeamiento. En una palabra, pide una mayor definición del anteproyecto para evitar «conflictos no deseables en el complejo proceso del planeamiento».
Participación pública
El segundo informe del grupo de ideas isleño sobre planeamiento urbanístico entiende además como excesivo el plazo de tres meses que el anteproyecto de Ley de Armonización reserva a la participación pública y de las administraciones. «Quizá se justifique en el caso de los municipios de mayor complejidad, pero se considera excesivo en aquellos otros en los que la ordenación estructural y, en consecuencia, el modelo, preexiste como consecuencia de anteriores desarrollos». Para estos casos, sugiere plazos especiales, sobre todo porque «esta no es la única exposición pública que prevé el anteproyecto».
Detectan también una carencia de control sobre el trabajo que realiza el equipo redactor si este es externo. El trámite «tendrá una duración media que con seguridad no será inferior a dos años para municipios de menor y medio tamaño, tiempo durante el que no está previsto que la Administración Municipal tenga noticias de su derrotero, lo cual no resulta fácilmente digerible», explicitan en su informe.
Abundando en el exceso de tiempo que se concede a algunos plazos, el Catpe se fija en los cuatro meses que el anteproyecto de ley concede a los ayuntamientos para remitir a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) el plan tras finalizar su fase municipal. Señalan que el trámite se reduce a dos sencillas gestiones a realizar por el secretario municipal.

Lea la noticia en la web laopinion.es